En la madrugada del sábado pasado, un trabajador de 30 años falleció y otro de 25 resultó herido al caer un rayo en el campamento a cielo abierto en el que pernoctaban en una zona rural del departamento de Treinta y Tres, en el este del país.

Ambos desarrollaban tareas alambrando campos “en condiciones de absoluta informalidad”. Sus contratantes no los habían registrado en el Banco de Previsión Social y no les habían proporcionado una vivienda adecuada, como los obligaba la ley.

Peor aún: no los habían evacuado la noche anterior al accidente, cuando ya se habían desatado tormentas eléctricas en la zona y quienes vivían en los campamentos corrían peligro porque las carpas estaban montadas al lado de las alambradas.

“Consideramos que como sociedad damos, históricamente, tratos privilegiados diferenciales a sectores que, al tener incidencia predominante en la economía del país”, cuentan con la posibilidad “de confeccionar sus sistemas de trabajo sin reparo en la normativa vigente, incluso beneficiándose de un tratamiento en subsidios y renuncias fiscales”, dice la UNATRA en un comunicado.

“¿Esta es la calidad en las fuentes de empleo que generan como contrapartida?”, se pregunta.

Los costos de esas omisiones a menudo criminales “los continuamos pagando las familias y los trabajadores rurales”, mientras los empresarios rurales gozan de un creciente “sentimiento de impunidad”, sostiene el gremio.