A tres años de este hecho la justicia condenó a la empresa a pagar una multa de 17 millones de dólares luego que la Contraloría General entendiera que Vale no presentó información confiable sobre las condiciones de su represa antes del desastre de 2019.

Fueron 12 millones de metros cúbicos de lodo con residuos mineros (lo equivalente a 4.800 piletas olímpicas) los que destruyeron la región y acabaron con las principales actividades de la comunidad: la pesca y la agricultura.

Vale, una de las mayores productoras de hierro y de níquel del mundo, no presentó “informaciones fidedignas” sobre la represa que colapsó a la Agencia Nacional de Minería (ANM), el órgano estatal que emitió una declaración de condición de estabilidad positiva.

El Estado brasileño entiende que esa declaración, con informaciones verídicas, hubiese sido negativa, lo que hace que Vale haya incurrido en un “acto lesivo a la administración pública” por dificultar las tareas de fiscalización.

En enero de 2020 el Ministerio Público de Minas Gerais presentó una denuncia penal por varios delitos contra la minera Vale y la firma alemana Tüv Süd, responsable de la emisión de certificaciones de seguridad de las instalaciones de Vale en Brumadinho. Esta demanda sigue en trámite.

Informes de las comisiones parlamentarias de investigación (CPI) de la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, la Cámara de Diputados y el Senado también señalaron que la declaración de estabilidad fue manipulada.

Todas las evidencias apuntan a que la de Brumadinho fue una tragedia evitable aunque para empresas como Vale los trabajadores, el sustento de la comunidad y la naturaleza valen apenas unos puñados de dólares.