Foto: Gerardo IglesiasLa conmemoración de esta tragedia es un acto de justicia reclamado por las víctimas en el presente.
Inaugurar una plaza de memoria, renombrar una calle que soporta el apellido de un sátrapa, cambiar la placa de una escuela que sufre el nombre de un golpista corrupto, así como cantar victorias en un concierto de voces y cantos, eso es conmemorar.
La liberación de casi 200 personas entre febrero y junio de 2022 por decisión de los jueces, que aplicando el decreto de amnistía estimaron que hubo procesos de persecución política por el Estado, es motivo de fiesta en esta conmemoración de 2022.
La decisión oficial de mantener viva la memoria de las víctimas y la política de reparación a sus descendientes anunciada el lunes por la presidenta Xiomara Castro es sin duda una acción concreta de dignidad que celebramos.
Los desmemoriados quizás preferirían ignorar que el golpe fue perpetrado por supremacistas fascistas, civiles, militares y religiosos.
Los militantes del olvido quisieran dejar en el pasado las acciones violentas de esa alianza perversa entre carteles narcos, redes corruptas y gremios privados.
Pero no, no nos da la gana olvidar el tropel de las bestias asesinas, capitalistas, neoliberales, insaciables, eternas demandantes de inversiones sin arriesgar nada de sus propios patrimonios.
Las personas amnistiadas (para refrescar la memoria) ejercieron el derecho a la protesta social con acciones de resistencia a la opresión y desobediencia civil, por lo cual fueron víctimas de policías, militares y fiscales del Ministerio Público que se inspiraron en motivaciones evidentemente políticas.
También han sido liberadas personas defensoras de la soberanía nacional, la democracia, el territorio, la tierra y las fuentes de agua dulce, cuyas estrategias de defensa fueron criminalizadas por los operadores de justicia y los grupos privados mafiosos.
Los jueces han aplicado también la amnistía a defensores sociales y gremiales que condenaron el golpe y el golpismo, extinguiendo las causas criminalizadoras que el Estado mantenía sobre sus vidas.
Los enemigos de la reconciliación nacional, basándose sólo en seis casos donde los jueces aplicaron el decreto a ex funcionarios públicos perseguidos, han pretendido inútilmente desprestigiar la motivación pacificadora de la iniciativa de la presidenta, que condena el golpe y reivindica la memoria de las víctimas.
Como organización de víctimas varias veces gaseada durante la represión, vigilada, desprestigiada y perseguida, celebramos las iniciativas que contribuyen a mantener viva la memoria histórica, enriquecida con el martirio del post golpe.
Conmemoremos el golpe para que no vuelva a repetirse. Condenemos ese golpe para que ninguno de sus promotores y beneficiarios se crean sus propias mentiras. Que los ofendidos tengan su turno, y no se detenga la justicia. Que los responsables paguen.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
