La idea de la coalición de derecha que gobierna Uruguay desde 2020 es aprobar esta reforma a fines de marzo sin haberla discutido ampliamente con la sociedad.

La central obrera única PIT CNT no niega la necesidad de una reforma del sistema, pero considera que debe ser integral y que tome en cuenta las necesidades de la población en su conjunto, en especial el de las minorías más vulnerables.

Con el proyecto que está en discusión en Diputados, la edad mínima de retiro pasará de 60 a 65 años para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras −con 30 años de aportes−, a excepción de los rurales o de la construcción, pero aún para estos grupos hay restricciones, entre ellas haber trabajado cinco años en esos sectores la última década.

El proyecto no tiene en cuenta además a otros sectores marcados por un “alto grado de esfuerzo físico”, como el trabajo doméstico y el de la industria frigorífica, y prevé que a futuro este cálculo se ajuste a la esperanza de vida de la población.

“Lo que está sobre la mesa no es una reforma de la seguridad social sino una reforma de jubilaciones y pensiones que supone un retroceso porque recaerá exclusivamente en las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores”, declaró Elbia Pereira, secretaria general del PIT CNT.

En paralelo, las exoneraciones empresariales a los grandes capitales se mantienen.

Según exponen expertos en la materia, si el proyecto es aprobado tal como está dos de cada tres personas cobrarán una jubilación menor a la que tendrían derecho actualmente. En promedio, las jubilaciones bajarán un 5 por ciento al extenderse a 25 años el período para el cálculo.

Asimismo, el aumento del tiempo necesario para acceder al derecho jubilatorio afectará a más de un millón de actuales trabajadoras y trabajadores y aumentará las trabas para pensiones por discapacidad e incapacidad derivada del trabajo.

Para legisladores del principal partido de oposición, el Frente Amplio, no se debe tener en cuenta exclusivamente la sustentabilidad financiera del sistema sino también su sustentabilidad social, es decir apuntar a mejorar la protección que se brinda a las personas.

El lunes 13 de marzo el PIT CNT instaló una carpa frente al Palacio Legislativo para informar a la población sobre las características del proyecto.

Mañana jueves 23 habrá un paro general con movilización en rechazo a esta reforma que la central califica de regresiva e injusta.