Uruguay | SINDICATOS | AGROTÓXICOS
El caso de Julio de los Santos
La odisea de un trabajador fumigado
Hace cuatro años que Julio de los Santos lucha para que la justicia reconozca el origen profesional de las graves enfermedades que contrajo trabajando en un arrozal que violaba a su antojo las normas sanitarias, ambientales y laborales y que todavía dicta su ley en un poblado cercano a la frontera entre Uruguay y Brasil.
Daniel Gatti
Foto: Gerardo Iglesias
Este ex trabajador de la empresa Arrozal 33 pasa la mayor parte de su tiempo conectado a un aparato de oxígeno, sin el cual no puede dormir ni desplazarse, tiene ahora afectado el hígado, padece de diabetes e hipertensión, está obligado a consumir decenas de fármacos por día.
Apenas sobrevive con los poco más de 13.000 pesos mensuales (unos 300 dólares) que cobra por su jubilación. El Banco de Previsión Social determinó que tiene una incapacidad laboral de casi el 90 por ciento. Apenas tiene 45 años.
Ya no hay duda alguna (salvo para los “peritos” nombrados por la empresa) que sus males provienen del contacto directo que tuvo con “agrotóxicos de todo tipo” cuando comenzó a trabajar en esta empresa que es la única proveedora de empleo en un poblado ubicado en el Paraje Rincón de Ramírez, en el departamento de Treinta y Tres.
La localidad, cercana a la Laguna Merín, compartida con Brasil, está enteramente dedicada al cultivo, industrialización y exportación de arroz y la empresa, que ocupa unas 8.500 hectáreas, emplea a algo menos de 400 personas que viven en las 110 viviendas construidas por la compañía.
Una suerte de “barrio privado”, pero por supuesto sin los lujos ni los privilegios de los countries de ricos.
Julio, que siempre había trabajado en la metalurgia en el medio urbano, llegó allí en octubre de 2014. No tenía ninguna experiencia laboral en trabajo rural, y menos que menos con el uso de agrotóxicos.
“Nunca nadie me explicó nada”, dice a La Rel, pero lo pusieron a arreglar los “mosquitos”, las máquinas utilizadas para las fumigaciones terrestres de las plantaciones, y a cortar a soplete los tanques que contenían agrotóxicos para volver a utilizarlos con el fin de extraer agua de los canales y regar los arrozales.
La empresa violaba así varias normativas: no desechaba los envases de los agrotóxicos, por lo cual tampoco tenía un centro de acopio para disponerlos, utilizaba esos recipientes con fines totalmente distintos a los previstos y exponía a sus trabajadores a riesgos de salud graves. También contaminaba la tierra y el agua.
Su tarea De los Santos la realizaba con una protección totalmente ineficaz y muchas veces volvió a su casa empapado con los líquidos de los recipientes que cortaba y volvía a soldar.
“Cualquier cosa había allí: glifosato y otras cosas”, dijo a La Rel.
En 2013, una investigación realizada por la Universidad de la República sobre las condiciones de salud de los arroceros de la Laguna Merín constató que los recipientes como los que Julio manipulaba contienen todo tipo de porquerías: “hongos y esporas, micropartículas contaminadas por roedores, restos de pesticidas usados en el cultivo y, sobre todo, cantidades significativas de sílice que podrían producir enfermedad a nivel pulmonar” (Brecha, 15-XII-17).
El reciclaje ilegal de estos recipientes por parte de las empresas del sector es muy común.
“Si bien la normativa lo prohíbe, en el campo hay un cierto reúso de los envases de agroquímicos, sobre todo de las tarrinas de 200 litros. Uno ve hasta por las rutas los envases reutilizados –por ejemplo– para comederos”, dijo una vez ventilado el caso de De los Santos el ingeniero agrónomo Aldo Invernizzi.
Julio es también testigo de fumigaciones aéreas de las plantaciones realizadas sin respetar las distancias mínimas estipuladas, “casi sobre la cabeza de la gente”, a menos de 500 metros de las viviendas y de la escuela del poblado.
La exposición al polvo de arroz es otro de los riesgos sanitarios que correen habitualmente los trabajadores de los arrozales.
A los dos años de empezar a laborar en Arrozal 33 De los Santos comenzó a sentirse mal: a faltarle el aire, a padecer dolores en la espalda cada vez más frecuentes y agudos. Y náuseas, vómitos, mareos, desmayos.
Una vez debió ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos de una institución sanitaria. Le diagnosticaron una fibrosis pulmonar que le desencadenó una neumonía aguda comunitaria. Luego, una médica le encontró diabetes y cardiomegalia.
La empresa desoyó sus reclamos a pesar de que Julio se enfermaba cada vez más a menudo, lo que le acarreaba pérdida de jornales y gastos crecientes en tratamientos. Tampoco lo ayudaron cuando necesitaba oxígeno.
Arrozal 33 le debía además licencias y salarios vacacionales de los dos últimos años cuando finalmente De los Santos se decidió a denunciarla.
Pero allí comenzó otro tipo de padecimientos: la inacción de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Salud y la acción de una jueza local que calificó de mentiroso al trabajador, le atribuyó sus problemas respiratorios a su condición de fumador y destacó las preocupaciones de la gerencia de la compañía por su personal: los mismos argumentos que la empresa.
Investigaciones médicas independientes, incluidas una de un equipo de alto nivel del Hospital de Clínicas, dependiente la Universidad, y otra del Banco de Seguros del Estado (BSE), barrieron con las alegaciones de Arrozal 33 y establecieron claramente el origen profesional de las enfermedades contraídas por el trabajador.
Carlos Oehninger, médico internista y coordinador de la Central de Servicios Médicos del BSE, no dejó lugar a dudas: De los Santos, dictaminó, es “portador de enfermedad pulmonar respiratoria por exposición a agrotóxicos químicos y polvo orgánico”.
La defensa del trabajador logró que la jueza fuera sustituida y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) le consiguió al trabajador una vivienda en la localidad de la que es oriunda su pareja, muy lejos del arrozal, de cuyo alquiler se hizo cargo durante dos años el Ministerio de Vivienda.
En 2018, tras una investigación que incluyó desplazamientos a la zona, la INDDHH concluyó que las situaciones como la de este trabajador son mucho más numerosas pero que no se denuncian debido al temor de los implicados a perder su trabajo.
De los Santos confirmó a La Rel que ninguno de sus ex compañeros de trabajo aceptó testimoniar a su favor (“los aterrorizan, en el poblado no hay otras fuentes de empleo”, dijo).
Marcelo Amaya, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), declaró al semanario Brecha que muchos de los trabajadores de los arrozales se niegan incluso a ir a las consultas médicas por miedo a que la dirección de la empresa se entere y encuentre alguna causal para despedirlos.
La INDDHH determinó además que el Estado había incumplido su “deber de prevención” y que “las políticas públicas implementadas en el caso no garantizaron efectivamente el derecho a la vida, la salud y al medioambiente sano de las personas afectadas”.
Amaya coincidió con Mariana Mota, actual presidenta de la INDDHH, en que el caso De los Santos puede sentar un precedente si la empresa llegara a ser condenada.
“La gente empieza a tomar mayor conciencia de las consecuencias de determinadas prácticas agrícolas. Esto no afecta solamente a los trabajadores sino al conjunto de la población que rodea la producción arrocera”, dijo el sindicalista. “Todo el modelo productivo uruguayo está cuestionado”.
Pero sigue sin haber resolución judicial. Los abogados de la empresa continúan negando que Julio sea víctima de una enfermedad profesional, dilatan cuanto pueden la resolución del caso y mientras tanto el estado de salud y la situación económica del trabajador empeoran día tras día.
