“El Poder Ejecutivo nos convocó a una reunión mañana martes a las 11, donde participarán representantes de las cámaras empresariales del sector y autoridades del gobierno con el fin de revertir las sanciones impuestas por Frigocerro”, dijo a La Rel Martín Cardozo, presidente de FOICA.

El dirigente señaló que esta es la última instancia antes de hacer efectivas nuevas medidas gremiales.

Consultado acerca de las expectativas para la reunión de mañana Cardozo apuntó que se trata de un último esfuerzo antes de llegar al conflicto.

La Federación espera que las cámaras empresariales presionen a Diego Ortiz, propietario de Frigocerro, para que revierta las sanciones a los trabajadores y de esa forma se evite un conflicto en toda la industria.

“De no llegar a un acuerdo, no hay otra opción que comenzar medidas de fuerza, ya que la sanción impuesta por Frigocerro se da a raíz de una medida gremial y no por otra razón, lo que reafirma la postura antisindical de esta empresa”, señala.

Por su parte la delegada del Sindicato de Trabajadores de Frigorífico Durazno (Sifridur), Angélica Badell, que forma parte del grupo de 40 trabajadores suspendidos el pasado 31 de octubre, dijo a La Rel que la empresa está ensañada contra la organización sindical.

“Desde agosto los que estamos sindicalizados no somos citados.
Luego de una negociación tripartita se logró que la empresa comenzara a citarnos a al menos seis jornales al mes para que pudiéramos acceder al seguro de paro parcial hasta que ese beneficio concluyó, lo que obligó a que nos tuvieran que convocar de forma rotativa”, explicó.

Según la trabajadora, Frigocerro volvió a convocar a los trabajadores sindicalizados pero para realizar otro tipo de tareas, como mantenimiento y carga.

“Les dijimos previamente al señor Ortiz y al encargado que estábamos dispuestos a trabajar pero en nuestros puestos de trabajo, donde la mayoría tiene una antigüedad superior a los 10 años en la empresa”.

“Sin embargo – continuó – cuando se nos vuelve a convocar lo hacen en puestos que no eran los nuestros y que representaban una pérdida salarial. Por esa razón nos negamos y junto al resto de los compañeros del sindicato paralizamos las tareas y fuimos ‘invitados’ a retirarnos”.

Angélica señaló que en mantenimiento hay personal que está en el seguro de paro y esa fue una de las principales razones por las que los trabajadores se negaron a cubrir puestos en esa área.

La medida sindical fue el motivo por el cual, la empresa sancionó con hasta 14 días de suspensión a más de 40 obreros.

“El problema de esta empresa es que no quiere al sindicato, nos costó muchísimo rearmarnos como organización, pero era tanto el maltrato y las malas condiciones laborales que volvimos a organizarnos para hacer valer nuestros derechos”, apunta.

La dirigente asegura que si se desmantela el sindicato van a volver a lo de antes: pagos fuera de la seguridad social, maltratos varios, irregularidades en cuestiones de salud y seguridad, falta de categorización de tareas, entre otros.

Los trabajadores y las trabajadoras sindicalizados que han dejado de ser citados sobreviven con un salario de 10.000 pesos uruguayos (unos 230 dólares) al mes.

Por si esto fuera poco ahora los cambian de puesto, lo que les supone una rebaja salarial, y cuando toman una medida sindical legítima los suspenden en masa.

Queda claro que el problema no es con los trabajadores y sí con quienes están sindicalizados.

La impunidad del señor Ortiz puede costarle caro a toda la industria frigorífica uruguaya.