Uruguay | SALUD | AMBIENTE
El gobierno renuncia a mecanismos de control
de fumigaciones de agrotóxicos
En nombre de la libertad responsable
El de “libertad responsable” es un concepto que el muy liberal gobierno de Luis Lacalle Pou ha aplicado hasta la saciedad para quitarle al Estado cualquier capacidad de control. Ahora le ha llegado el turno a los agrotóxicos.
Daniel Gatti
15 | 07 | 2022
Imagen: Allan McDonald – Rel UITA
El Ministerio de Agricultura decidió esta semana que en aras de la “libertad responsable” no controlará una disposición que el propio Ejecutivo uruguayo había adoptado un mes atrás para regular las aplicaciones de los mal llamados “productos fitosanitarios” en distintos cultivos (cereales, oleaginosas, forrajeros, forestales, hortofrutícolas).
La idea de ese decreto era que se llevara un registro detallado de las fumigaciones realizadas por “personas físicas o jurídicas que presten servicios a terceros”.
Pues bien, la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), una dependencia del ministerio, resolvió que, por espacio de un año, esa norma no será de cumplimiento obligatorio sino voluntario.
Lo determinó tras reunirse con los grandes empresarios del sector, agrupados en organizaciones como la Asociación Rural, la Federación Rural, la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios o la Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas del Uruguay. Que, por supuesto, quedaron muy satisfechos por la resolución gubernamental.
La DGSA viene recibiendo desde hace años decenas de denuncias por el uso de agrotóxicos, esos productos que en el lenguaje oficial son mencionados como “fitosanitarios”. Entre 2011 y 2018, el promedio anual de denuncias llegó a casi un centenar.
Una de las mayores causas de las demandas es el no respeto de las distancias fijadas para las aplicaciones: se fumiga cerca de centros poblados, al lado de establecimientos educativos. También se denuncia el uso de productos prohibidos.
Vecinos, productores apícolas, asociaciones ecologistas, grupos de derechos humanos, investigadores han pedido a la DGSA que se extremen los controles para evitar daños a la salud de los habitantes y al ambiente.
“El uso descuidado o irracional de estos productos puede provocar daños irreversibles en el ambiente, afectar la biodiversidad, contaminar las aguas superficiales, subterráneas, el suelo, afectar la salud humana”, dijo recientemente Alexandra Bozzo, magíster en Ciencias Ambientales, integrante de la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República y autora de investigaciones sobre este tema.
Controlarlos más, eventualmente sancionarlos, debería ser una obligación del Estado, se pregona desde la filial local de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina.
Pero el gobierno de empresarios uruguayos tiene otros planes: darles a los fumigadores más libertades.
