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El caso de Julio de los Santos

Denegación de justicia

Hace años que Julio de los Santos intenta que se lo repare por los graves daños a la salud que le provocó la exposición constante a agrotóxicos mientras trabajaba para una empresa arrocera. La justicia amagó con hacerlo, pero luego dio marcha atrás.

Daniel Gatti

09 | 06 | 2022

Podría haber sido un caso que sentara jurisprudencia en Uruguay: el del primer trabajador rural indemnizado por contaminación por agrotóxicos.

En primera instancia, la justicia le dio la razón a De los Santos y condenó a la empresa que lo contrataba, Arrozal 33, a pagarle unos 186.000 dólares, una suma que lo ayudaba a afrontar su situación actual. A sus 46 años tiene una incapacidad física de 90 por ciento que le impedirá volver a trabajar.

Eso fue en setiembre, tras tres largos años de batallas judiciales en los que se acabó probando que los padecimientos de Julio (respira con ayuda mecánica y para sobrevivir necesita enormidad de medicamentos y tratarse casi todos los días en un centro de salud) se debían a una “exposición a factores contaminantes de naturaleza agroquímica o biológica”.

Arrozal 33 fue responsabilizada de “incumplimiento de normas de seguridad y prevención” durante los 384 días en que De los Santos trabajó para ella y condenada a indemnizarlo por “daño moral”, “daños emergentes” y “lucro cesante”.

Pero la tortilla se dio vuelta muy rápidamente.

La compañía apeló, y con una celeridad insólita, en tan solo 27 días los jueces del tribunal de segunda instancia de primer turno, por unanimidad, barrieron de un plumazo el fallo anterior.

“Cada uno de ellos se leyó las 1.500 fojas del expediente en nueve días”, dijo a La Rel Santiago Mirande, el abogado de Julio. “Sorprende por la rapidez”.

Mirande descarta cualquier connivencia entre la empresa y la justicia. “No tengo ningún elemento para pensarlo”, dice.

Trajo a colación, eso sí, un “contexto político” favorable a los intereses de las compañías arroceras, en el marco de un gobierno como el de Luis Lacalle Pou en el que las relaciones entre el Ejecutivo y las grandes corporaciones son prácticamente carnales.

“Lo que hizo el tribunal fue valorar la prueba que había presentado la empresa: tuvo mucho más en cuenta lo que declararon los testigos de Arrozal 33, todos ellos directivos de la compañía, que a los otros testigos y subestimó los peritajes, favorables por completo a Julio, así como la historia clínica” de De los Santos.

El tribunal “incurrió en lo que se llama un ‘absurdo evidente’, lo que abre la posibilidad de presentar una casación ante la Corte Suprema”, remarcó Mirande.

Los jueces se hicieron eco, además, de una referencia incorrecta de la defensa de Arrozal 33 a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y afirmaron que los grupos vulnerables que merecen una protección especial son únicamente los indígenas, los discapacitados, los menores y las mujeres.

“¿Los trabajadores rurales no merecen acaso una protección especial?”, se preguntó el abogado.

Pero hay más.

De los Santos acaba de ser notificado por el Banco de Previsión Social (BPS) de que dejará de cobrar la pensión de invalidez, en función de una norma que impide acumular ese tipo de subsidio con la jubilación.

“Esa norma no corre para casos de incapacidad severa como el de Julio”, dice Mirande. Pero claro, el BPS, como el gobierno todo, está embarcado en una política de recorte del llamado “gasto social” que abarca este tipo de prestaciones.

Mirande interpuso una demanda para que la pensión de invalidez se restablezca, pero en estos casos por lo general la celeridad brilla por su ausencia y es probable que la familia De los Santos pase largos meses sin poder cobrar esa ayuda que le era vital.

Para completar el cuadro, Susana, la pareja de Julio, presenta síntomas similares a los de su marido. “En vez de en el pulmón se le manifiestan en el hígado, pero tiene una crisis generalizada debida seguramente a la exposición a los agroquímicos. Y además está deprimida por todo lo que están pasando”.

Susana también trabajaba en Arrozal 33 y dejó de hacerlo cuando Julio enfermó.

“Estamos pidiendo que la evalúen médicamente de urgencia y que le den un diagnóstico para poder vincular lo que le pasa con los agroquímicos y demandar también a Arrozal 33 por su caso. Son muchos frentes para una sola familia. Es tremendo”.

La Suprema Corte de Justicia debería expedirse de manera definitiva en los próximos días o semanas sobre el recurso de casación.

Podría haber un retraso porque una de las integrantes del tribunal que falló contra De los Santos fue ascendida al máximo tribunal y debería recusarse.

Si el fallo de la Suprema Corte ratifica el de segunda instancia Mirande accionará ante el sistema interamericano de justicia contra el Estado uruguayo.

“Confiamos en que allí las cosas irán eventualmente más rápido que en Uruguay. Por lo general la CIDH es expeditiva”, dice el abogado.

Pero mientras tanto Julio empeora. La última vez que Mirande fue a visitarlo había una ambulancia en la puerta de la casa. Habían debido llamar a la emergencia.