En el año 2013, la Sala Constitucional prohibió la emisión de nuevos permisos y la renovación de permisos vencidos de pesca de arrastre para la captura del camarón, que convertirá los lechos marinos en “desiertos”.
En Costa Rica se calcula que por cada kilogramo de camarón se sacrifican 7,5 kilogramos de fauna de acompañamiento no aprovechable.
Además de la gran cantidad de fauna marina que incidentalmente es capturada pero no es utilizada, la Sala advirtió que la pesca de arrastre “incide negativamente en un desarrollo sostenible democrático, puesto que disminuye las posibilidades de pesca de los pescadores artesanales”.
Finalmente, los magistrados condicionaron cualquier modificación de dicha prohibición a la obligación de utilizar dispositivos específicos y demostrar que hay una reducción significativa de dicha captura incidental.
Para la Federación Ecologista (Fecon), el proyecto de ley N° 21.478 “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica” no llena los requisitos impuestos hace 7 años por la Sala Constitucional.
Los estudios para respaldar esta iniciativa se realizaron en un período insuficiente (tres meses) y en pocos sitios de muestreo para que tengan validez científica.
Además, sólo se estudiaron dos de las diez especies de camarón que son capturadas para fines comerciales.
La falta de bases científicas hizo que al proyecto de ley no sólo se le opusieran los pescadores artesanales y los movimientos ambientalistas, sino también varias organizaciones e instituciones, entre otras, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Centro de Investigación en Ciencias del Mar.
Además, 30 municipalidades en las provincias de Guanacaste, Heredia, San José y Cartago se pronunciaron en contra de la pesca de arrastre.
“Reabrir los mares costarricenses a la sobreexplotación sería sumamente peligroso, y destruiría los procesos de regeneración marina iniciados a partir de 2013.
La pesca de camarón sostenible ya es una realidad en el país y no hay desabastecimiento en los mercados locales.
Lo que pretenden con esta ley es priorizar el beneficio del sector industrial, por sobre el beneficio de múltiples comunidades pesqueras a lo largo del país”, dijo a La Rel, Henry Picado de la Fecon.
Uno de los efectos de la recuperación del equilibrio en los ecosistemas −señala la organización ecologista− es que en varios lugares donde se realizan registros ordenados de incidencia de capturas, los pescadores artesanales llegaron a duplicar la cantidad de pescado atrapado.
“Son miles de personas que necesitan ver garantizado su derecho a gozar de una producción sostenible, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, añadió Picado.
Pese a las fuertes protestas y la movilización de cientos de pescadores artesanales que desde Guanacaste y Puntarenas se desplazaron hacia la capital, la semana pasada una mayoría de legisladores decidió aprobar en segundo debate la Ley 21.478.
La noche del 30 de octubre, mientras en las afueras de Casa Presidencial se multiplicaban los actos de protesta y dos muchachas (Ana María y Melissa) se encadenaban e iniciaban una huelga de hambre, el presidente Carlos Alvarado oficializó su veto a la ley por no cumplir con las disposiciones técnicas, ni científicas ordenadas por la Sala Constitucional.
“Ahora la ley vuelve a la Asamblea Legislativa, donde puede ser resellada1 con los dos tercios de los votos o archivada definitivamente. Pase lo que pase no es el momento de bajar los brazos. Hay que mantenerse movilizados”, concluyó el activista de la Fecon.
En Managua, Giorgio Trucchi | Rel UITA
1 Resello: potestad que tiene el plenario legislativo de aprobar una ley a pesar de que esta haya sido vetada por el Poder Ejecutivo
