Por un lado, los 27 países de la Unión Europea se comprometen a no admitir ningún producto que sea fabricado con trabajo análogo a la esclavitud; por otro, incorporan a sus legislaciones disposiciones de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad social de las empresas en esta materia.

“Empresas y sectores económicos enteros deberán hacer desde ahora un esfuerzo serio para garantizar el respeto a los derechos humanos en toda la cadena de abastecimiento”, dijo la eurodiputada liberal holandesa Samira Rafaela, poniente de los dos textos aprobados.

Wies Willems, especialista en materias primas en América Latina de la Red Eu-Lat, dijo al medio alemán Deutsche Welle que estas nuevas leyes “pueden significar un cambio de paradigma en derechos humanos y respeto al medio ambiente en las cadenas de valor de las empresas europeas”.

“Hemos logrado incluir algunas provisiones, como el acceso a la justicia de las víctimas y la responsabilidad civil en casos de vulneraciones por parte de las empresas, pero hay también algunas limitaciones”, matizó este asesor para empresas y derechos humanos de la organización belga BroderlijkDelen.

Entre las limitaciones mencionó que las nuevas normas no aplican para el sector financiero.

“Tampoco es bueno que solamente las empresas de más de mil empleados” estén concernidas. O que “la empresa solo tenga que asumir responsabilidad si se prueba que ha incumplido intencionalmente o por negligencia; si el daño ha sido causado por sus socios comerciales no tiene responsabilidad”.

Una buena cosa para las víctimas es que podrán recurrir ante tribunales europeos para ser indemnizadas por haber sido sometidas a trabajos análogos a la esclavitud, señaló Willems.

“Es un avance”, dijo, porque la gran mayoría de esas personas, que trabajan por lo general en sectores como la agricultura, la minería y diversas actividades extractivas, no pueden acceder a la justicia en sus países.

“Se puede estar allanando también el camino hacia un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos”, agregó el activista belga.

Un documento elaborado en conjunto entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones y la ONG Walk Free señala que el 86 por ciento de los casos de trabajo forzado en el mundo involucra a actores privados.

Indica también que los países del G20 “importan anualmente 468.000 millones de dólares en productos que están en alto riesgo de haber sido fabricados por trabajo forzoso”.

El informe, titulado “Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna” y presentado en la Conferencia Internacional del Trabajo organizada por la OIT en junio de 2023, cifra en alrededor de 28 millones el total de personas sometidas a trabajo forzoso.

“La retención sistemática y deliberada del salario, utilizada por los empleadores abusivos para obligar a los trabajadores a permanecer en un puesto de trabajo por miedo a perder los ingresos acumulados, es la forma más común de coacción, experimentada por el 36 por ciento de las personas en situación de trabajo forzoso”, dice el texto.

Una investigación de 2014 de la OIT establecía en al menos 150.000 millones de dólares las ganancias generadas por el trabajo forzoso a toda la cadena de empresas involucradas.

En América Latina, los trabajadores y las trabajadoras en esa situación superarían los 1,2 millones, con picos altos en América Central y Brasil.