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En Montevideo, Guillermo Chifflet
El Salvador
MEMORIA
Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar

 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que se sabía amenazado como consecuencia de su lucha contra la injusticia, anunció que, a pesar de todo, regresaría a su pueblo. El 24 de marzo de 1980, un único disparo efectuado por un francotirador desde un coche terminó con su vida.

Había nacido el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, El Salvador, donde ingresó al seminario de San Miguel en 1931. Durante la segunda guerra mundial (1939-1945) estudió en Roma, ordenándose de sacerdote el 4 de abril de 1942, pero la guerra lo obligó a retornar a su país sin haber terminado su tesis.

A los 59 años de edad, el 25 de abril de 1977, fue nombrado Obispo Auxiliar de El Salvador. En un clima de violencia creciente optó, entonces, por el lema “Sentir con la Iglesia”. En octubre de 1974 fue nombrado Obispo de Santa María, la diócesis más joven de El Salvador.

En junio del año siguiente la Guardia Nacional mató a cinco campesinos que regresaban de un acto religioso. La violencia crecía.

En febrero de 1977 Romero fue nombrado Arzobispo de El Salvador, y un mes después, a partir del asesinato de Rutilio Grande, se produjo una serie de crímenes contra eclesiásticos.

Entretanto, un general también de apellido Romero, Carlos Humberto Romero, asumió la Presidencia y en noviembre de 1977 promulgó la “Ley de Defensa y Garantía del Orden Público”, que acentuó la represión y llevó a la iglesia católica y a organizaciones internacionales a movilizarse para que fuese derogada.

Romero se convirtió en un defensor de los Derechos Humanos, en particular de los más desposeídos, denunciando la violencia de sectores oligárquicos que pretendían mantener situaciones de injusticia. Pero se opuso además a quienes intentaban conducir al país a una revolución.

En febrero de 1980, una campaña de amenazas fue seguida por la colocación de una bomba en una Iglesia que, felizmente, no llegó a estallar. El clima de violencia se acentuaba, fomentado desde el gobierno.

En su última homilía, el 23 de marzo, Monseñor Romero reclamó el cese de la represión gubernamental. Y al día siguiente, a las 6.25 de la mañana, fue asesinado cuando se preparaba para repartir la comunión en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia. Otra vez, un luchador contra la injusticia y por la libertad de los pueblos del sur pagaba con la vida su vocación de servir a los heridos por la desigualdad.

Una Comisión de la Verdad que investigó el crimen concluyó que el hecho se había pergeñado en la mañana del 24 de marzo en la residencia de Alejandro Cáceres, en San Salvador. Informó, además, que el crimen fue propuesto por el capitán Eduardo Ávila y ordenado por el ex mayor Roberto d’Aubuisson al ex capitán Saravia, quien se encargó de contratar al asesino, al que pagó mil colones (unos 130 dólares a la cotización de la época).

A los diez años del asesinato de Monseñor Romero se anunció desde El Vaticano que había comenzado el proceso de beatificación del mártir, proceso que aún continúa.

En marzo de 1993, el informe de la Comisión de la Verdad incluyó las seis conclusiones siguientes sobre el asesinato de Monseñor Romero:

1.  El ex mayor Roberto d’Aubuisson Arrieta dio la orden de asesinar al Arzobispo, y a la manera de un “Escuadrón de la muerte”, impartió instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad para que organizaran y supervisaran la ejecución del asesinato.

2.  Los capitanes Alvaro Saravia y Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina tuvieron una participación activa en la planificación del asesinato.

3.  Amado Antonio Garay, motorista del ex capitán Saravia, fue asignado para transportar al tirador a la capilla. Garay fue testigo de excepción cuando, desde un Volkswagen rojo de cuatro puertas, el tirador disparó una sola bala calibre 22 de alta velocidad para matar al Arzobispo.

4.  Walter Antonio “Musa” Alvarez, junto con el ex capitán Saravia, tuvo que ver con la cancelación de los “honorarios” del autor material del asesinato.

5.  El fallido intento de asesinato contra el juez Atilio Ramírez Amaya fue una acción deliberada para desestimular el esclarecimiento de los hechos.

6.  La Corte Suprema de Justicia asumió un rol activo que buscó impedir la extradición desde Estados Unidos y el posterior encarcelamiento del ex capitán Saravia. De ese modo se aseguraba, entre otras cosas, la impunidad respecto a la autoría intelectual del asesinato.

Finalmente, en 1993 la Asamblea Legislativa de El Salvador dictó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que libró de responsabilidad civil y penal a los perpetradores de atroces y aberrantes violaciones a los derechos humanos, impidiendo inaceptablemente los derechos constitucionales de miles de víctimas de esos crímenes.

De acuerdo a esa Ley, el juez Luis Antonio Villeda Figueroa sobreseyó definitivamente a Alvaro Saravia y el caso Monseñor Arnulfo Romero fue, como tantos otros, archivado.

Seis meses después, la directora de la Oficina de Tutela Legal de El Salvador y el hermano de Monseñor Romero llevaron el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, trámite que duró siete años.

En 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA divulgó que sus investigaciones reafirmaban la responsabilidad de la ultraderecha salvadoreña en el asesinato de Monseñor Romero, identificando a los ya mencionaos civiles y ex militares como los autores prácticos e intelectuales del crimen. En ese mismo fallo, encomendó al gobierno salvadoreño a:

“1.  Realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones establecidas en el presente informe (siendo la violación a la vida de Monseñor Oscar Romero la principal), sin perjuicio de la amnistía decretada.

2.   Reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización.

3.   Adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General”.*

No obstante, los sucesivos gobiernos de El Salvador han continuado ignorando hasta ahora éste y todos los reclamos de verdad y justicia planteados en torno al caso de Romero, así como a todas las violaciones a los derechos humanos perpetradas en esos años.

 

 

Rel-UITA
25 de marzo de 2008