“En 2020, Honduras siguió enfrentando importantes desafíos en materia de derechos humanos, incluidos altos niveles de pobreza, violencia, impunidad, discriminación y falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. La pandemia de Covid-19 y los huracanes Eta e Iota agravaron esta situación”, señala el informe.
Isabel Albaladejo, representante de la Oacnudh en Honduras, explicó que uno de los principales desafíos tiene que ver con los altos niveles de impunidad.
Hasta la fecha no se han realizado avances significativos en la investigación y sanción por la desaparición forzada de al menos 179 personas en la década de los 80, así como por la violación de derechos humanos en el contexto del golpe de 2009 y la crisis post-electoral de 2017 hasta la fecha
“Nos preocupa la impunidad frente a todos estos crímenes. Para la Oficina es clave tener lecciones aprendidas y sabemos que quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Ojalá no sea el caso de Honduras”, dijo Albaladejo a La Rel.
“Llamamos al Estado a tomar todas las medidas que permitan el esclarecimiento de lo sucedido, el acceso a la justicia de las víctimas y la reparación integral a las víctimas. Solamente así se puede asegurar la no repetición de los hechos y los abusos”, agregó.
Las elecciones internas del 14 de marzo y las generales del 28 de noviembre pondrán a prueba la voluntad del Estado hondureño de avanzar en la prevención y no repetición de la violación de derechos humanos.
La Oacnudh estará monitoreando ambos procesos electorales para documentar las violaciones de derechos humanos que se puedan producir.
Durante 2020, la falta de efectividad del sistema de justicia fue profundizándose con la pandemia. La Oacnudh dijo estar preocupada por los casos de tráfico de influencia, las presiones sobre el sistema judicial que afectan su independencia, así como por la aprobación del nuevo Código Penal y la reforma de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, que podrían socavar aún más el marco legal para investigar y sancionar actos de corrupción.
El informe señala también las pésimas condiciones en que se encuentran los privados de libertad y el abuso de la prisión preventiva: más del 55 por ciento de los reclusos está bajo una medida cautelar que debería ser excepcional.
Además, el sistema penitenciario sigue bajo administración militar, con graves casos de hacinamiento, violencia, falta de acceso a la atención médica y de comunicación.
Que las Fuerzas Armadas sigan ejerciendo funciones de seguridad pública plantea graves riesgos para los derechos a la vida y la seguridad de las personas.
En el informe se señalan varios casos de detención arbitraria, malos tratos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, que presuntamente involucran a las fuerzas de seguridad.
“Es necesario avanzar hacia la desmilitarización de la seguridad pública y con el proceso de restructuración y profesionalización de la institución policial”, aseveró Albaladejo.
La Oficina del Alto Comisionado observó también una reducción progresiva de los espacios públicos por el uso excesivo de la fuerza.
“Las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo víctimas de hostigamiento, vigilancia, campañas de desprestigio, amenazas, detenciones arbitrarias, criminalización, agresiones físicas, desapariciones y asesinatos.
Las personas defensoras indígenas y afro hondureñas que protegen sus territorios y recursos naturales de la implementación y proliferación de industrias extractivas, proyectos turísticos y monocultivos extensivos, enfrentaron particular riesgo”.
En 2020, 8 personas defensoras (tres garífunas) y 3 periodistas fueron asesinados en total impunidad.
“La impunidad contribuye a la vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos en el país y obstaculiza las garantías de no repetición”, recordó Albaladejo.
El informe remarcó también la violación sistemática de derechos en cuanto a salud, educación, derechos laborales, y contra las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, los pueblos indígenas y negros, las personas LGBTI y las personas migrantes.
Finalmente, en aras de acompañar al Estado de Honduras en la superación de problemas y desafíos en materia de derechos humanos, la Alta Comisionada formuló 20 recomendaciones.
Informe completo (traducción no oficial)
