El pasado 9 de agosto, en ocasión del Día internacional de los pueblos indígenas, una delegación de miembros de pueblos indígenas y garífunas, acompañada por organizaciones sociales y populares hondureñas, se movilizó hasta las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa.

Después de más de un año de haber solicitado una entrevista con el fiscal general, esta institución nunca respondió a la petición.

Durante la actividad, la Ofraneh condenó la falta de avances en la investigación de los cuatro jóvenes líderes garífunas víctimas de desaparición forzada.

Asimismo, denunció los ataques sistemáticos que sufren miembros de las comunidades garífunas, así como el expolio de territorios ancestrales por la imposición de proyectos extractivistas, de generación eléctrica, turísticos y por la expansión de monocultivos.

También pidió el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente.

Durante años, la organización ha venido denunciando el “racismo institucional” del cual ha sido víctima el pueblo garífuna, así como la falta de voluntad de esclarecer los tantos ataques sufridos y la impunidad que garantiza un sistema de justicia corrupto.

Menos de dos semanas después de la movilización, la Fiscalía contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) informaron que se ha abierto una investigación penal en contra de Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, Luther Castillo, dirigente garífuna y actual ministro de Ciencia y Tecnología, Edy Tábora, abogado de la Ofraneh, y otros líderes que participaron de la actividad.

“Demandamos que, con la misma velocidad con que están actuando en contra de nuestra gente, investiguen las muertes, desapariciones y agresiones contra los pueblos indígenas de Honduras y sus territorios”, escribió la Ofraneh en un comunicado.

“Si el Ministerio Público piensa que con estas acciones de criminalización nos va a amedrentar, se equivoca. Seguiremos luchando por la restitución de nuestros derechos ancestrales y a exigir la investigación para dar con el paradero de nuestros compañeros desaparecidos”, concluye el documento.

“La justicia en Honduras no sólo es cómplice de criminales, sino ente persecutor de figuras altamente trascendentales que han aportado mucho más a la democracia que esta institución. Un pueblo se alzará si tocan a Miriam Miranda. ¡Si tocan a una, tocan a todas!”, aseguró Bertha Zúniga, coordinadora del Copinh.

Varias organizaciones, redes y articulaciones nacionales e internacionales han expresado su solidaridad con las personas que están siendo injustamente investigadas, y han condenado con fuerza este nuevo acto de criminalización de líderes sociales.