Imagen: Cartón ClubEl 11 de noviembre, el candidato a regidor por el Partido Liberal, Óscar Moya, fue ultimado de varios balazos en Santiago de Puringla. Dos días después fue asesinado Francisco Gaitán, alcalde de Cantarranas y aspirante a la reelección.
El 14 de noviembre hubo otras dos víctimas: Elvir Casaña, dirigente del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre) en San Luis y Luis Gustavo Castellanos, activista liberal en San Jerónimo. En ese ataque quedaron heridas otras dos personas.
El 15 de noviembre, otro ataque acabó con la vida de Darío Juárez, aspirante liberal a la vice alcaldía de Concordia
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras y el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV-UNAH), coinciden en denunciar que ya son más de 30 las muertes violentas registradas en el marco del actual proceso electoral.
Según varias fuentes serían al menos 70 los casos de violencia electoral ocurridos en lo que va del año.
La Oacnudh condenó estos actos “que afectan el derecho a la participación política” e instó a las autoridades a llevar cabo “investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales”.
“Estos asesinatos de liderazgos locales son el preludio de lo que podría suceder durante y después de las elecciones. Todo esto ocurre luego de la aprobación en el Congreso de reformas y leyes que profundizan la criminalización de la protesta social”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
“Prácticamente han venido legalizando la represión contra quienes manifiestan su descontento y defienden los derechos humanos”, agregó.
En el 2017, la represión contra quienes protestaban por el fraude electoral cobró la vida de 37 víctimas inocentes. De todos estos casos solamente uno se logró judicializar y el agente que disparó fue sobreseído.
“Nunca se investigó a la cadena de mando, ni el contexto en que se ocasionaron los asesinatos. La dictadura le dio a la policía militar garantías de impunidad para apresar, torturar y ejecutar a opositores en las calles. La impunidad fue absoluta”, recordó Oliva.
“Esto no hace más que generar las condiciones para que eventos similares y hasta más violentos se repitan”, sentenció.
Una vez más, Cofadeh estará en primera línea, no sólo para evidenciar delitos electorales, sino también para registrar, documentar y denunciar nacional e internacionalmente las violaciones que se cometan contra quienes ejerzan su derecho al voto.
“No dudo en absoluto que podamos tener una situación hasta más complicada que la de 2017. El régimen va con todo y está dispuesto a todo. Vamos a necesitar de las organizaciones amigas para que nos acompañen en estos próximos días”, concluyó Oliva.
