Ana es madre de dos niños y vive en la aldea Urraco Pueblo, El Progreso. Tiene más de 5 años recolectando ‘fruta suelta’ en las plantaciones de palma africana del Grupo Jaremar.
Nelson tiene un poco más de dos años aplicando agrotóxicos.
Ante la reiterada violación de derechos laborales decidieron afiliarse al Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS).
Su sueño era lograr sentar a la empresa a negociar un convenio colectivo que garantizara trabajo y salario dignos y el respeto de sus derechos laborales y sindicales. Ni más ni menos.
Lamentablemente, después de una larga huelga y la firma de un acuerdo, la transnacional palmera incumplió lo firmado y procedió a despedir y a no recontratar a un sinnúmero de trabajadores.
También te puede interesar:
“El 12 de diciembre llegaron donde estaba trabajando y me dijeron que estaba despedida. No me dieron ninguna explicación, ni siquiera me permitieron entrar a la oficina”, recuerda Ana Núñez.
“El siguiente día fui a la empresa pero ya habían puesto una lista en el portón con los nombres de las personas despedidas.
Volví a llegar durante varios días pero me dijeron que para mí y otros tantos compañeros las puertas estaban cerradas para siempre”, agregó.
Meses antes del despido, su marido fue mordido por una víbora. Al volver a integrarse al trabajo también fue despedido con la excusa de que no podía caminar bien.
“Todo fue muy rápido y muy extraño. Tenemos años trabajando en la empresa y lo hacemos bien porque tenemos experiencia.
Nos despidieron porque estamos afiliados al STAS y los patrones no quieren eso. Son varios los que han cesado o que no han vuelto a contratar”, explicó la trabajadora.
Tanto Ana como Nelson comenzaron a buscar una alternativa, pero ninguna de las otras empresas de la zona quiso darles trabajo.
“Fuimos a unas fincas bananeras y nos dijeron que no había trabajo, pero es mentira. Nos metieron en una ‘lista negra’ por estar afiliados al sindicato. Ya nadie nos va a contratar”, lamentó.
Ante esta situación, a Nelson Urbina no le quedó otra opción que migrar.
Junto a un grupo de 26 compañeros de Urraco Pueblo, varios de ellos también despedidos por la transnacional palmera, se sumó a la enésima caravana migrante y se fue hacia Estados Unidos.
“Tuvo que aguantar hambre, frío y la violencia de militares y policías. Ahora está en México esperando poder pasar a Estados Unidos.
Tampoco para mí es fácil. Me puse a vender un poco de todo para poder sobrevivir con mis hijos.
Yo no quiero irme -continuó Ana- porque no hay como estar en tu propia tierra.
Lo que queremos es que la empresa abandone esta actitud, reconozca al sindicato y se siente a negociar”, concluyó.