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Comunidad LGBTI bajo ataque
El pasado 2 de julio, fue asesinada en la capital guatemalteca Nancy Sacul Tut, activista trans y defensora de derechos humanos. Según el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTI, suman 16 los ataques mortales contra esta comunidad en lo que va del año.
Giorgio Trucchi
05 | 07 | 2022
Foto: Gerardo Iglesias
Nancy Sacul, de etnía Q’eqchi’, tenía 34 años y era miembro del Colectivo Trans Trébol. La activista era originaria del municipio de Chisec, Alta Verapaz.
De acuerdo a las informaciones brindadas por el Colectivo a medios nacionales, Nancy fue ultimada de un disparo por un hombre que se dio a la fuga.
Este nuevo transfemicidio fue fuertemente condenado por varias organizaciones y colectivas guatemaltecas que se desempeñan en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI.
La Procuraduría de Derechos Humanos abrió de inmediato un expediente del caso. También informó que dará seguimiento a esta y otras situaciones de violencia en contra de personas de la diversidad sexual.
De las 16 personas asesinadas en lo que va del 2022, 5 eran mujeres trans, 9 eran hombres gays, una lesbiana y un hombre bisexual.
El Observatorio Nacional y la organización Lambda que lo integra, denuncian que en los últimos dos años ha habido un fuerte repunte de los ataques violentos contra la comunidad LGBTI.
El año pasado fueron 33 las personas asesinadas y la impunidad es prácticamente absoluta.
Para las organizaciones que defienden con fuerza los derechos de las personas LGBTI, la situación he venido agudizándose a raíz de un ambiente de odio fomentado también desde las instituciones.
En marzo de este año, el Congreso de Guatemala aprobó el polémico decreto 18-2022 «Ley para la protección de la vida y la familia» (iniciativa 5272), con el cual se rechazaba la diversidad sexual, se prohibía hablar del tema en las escuelas y se negaba la posibilidad a personas del mismo sexo de casarse, crear uniones de hecho y adoptar.
La ley modificaba también el código penal y aumentaba la penalización del aborto, con sanciones que iban de 5 hasta 25 años de cárcel no conmutables.
Las masivas protestas que se desataron a nivel nacional e internacional en rechazo a esta aberración jurídica, obligaron al presidente Alejandro Giammattei a desmarcarse de la decisión tomada por el legislativo.
Finalmente, lo normativa fue archivada, sin embargo, la ofensiva oscurantista no ha terminado.
