En esta entrevista habla sobre la importancia de las movilizaciones contra la reforma jubilatoria impulsada por el presidente Emmanuel Macron y el gobierno de la primera ministra Elisabeth Borne y afirma que por primera vez en muchas décadas el movimiento social francés vive una correlación de fuerzas favorable.

-Las movilizaciones actuales se engarzan con una vasta tradición que remonta a la Revolución de 1789, pasa por la revuelta autogestionaria de la Comuna de París de 1871, por mayo de 1968 y llega hasta los chalecos amarillos de hace tan solo tres años. El pueblo francés estaba semiadormecido últimamente, pero ha reaccionado, y cómo…
-Sin duda.

Primero que nada quiero agradecer que nos consulten a nosotros, los trabajadores y las trabajadoras que estamos en las calles, porque habitualmente se recurre a la academia, a los analistas, a esos que se hacen llamar “hombres políticos”.

Y sí, estamos en un momento muy especial, un momento histórico en el que la correlación de fuerzas está después de mucho tiempo a favor nuestro, de los y las sindicalistas, las personas jubiladas, el estudiantado, quienes no tienen trabajo, es decir todas aquellas personas que vivimos de la no explotación a los otros.

Las movilizaciones contra esta nueva reforma jubilatoria se iniciaron el 19 de enero, con una convocatoria unitaria, de todo el arco sindical francés (algo inédito) a una huelga general.

Desde entonces ha habido once jornadas de huelga general acompañadas de manifestaciones gigantescas, con millones de personas, en todo el territorio nacional, tanto en ciudades como en el medio rural.

Por varias semanas ha estado paralizado el transporte ferroviario, las refinerías, la recolección de basura en las grandes ciudades, especialmente en París.

El jueves 13 va a haber una nueva huelga general y el viernes una nueva movilización masiva porque es el día en que el Consejo Constitucional se pronuncia la constitucionalidad de esta reforma.

No es que esperemos mucho de ese organismo, pero en el contexto actual le será más difícil ir contra el movimiento popular.

Hay que destacar que la unión sindical sigue siendo fuerte a pesar de los ataques del gobierno y de sus intentos de dividir al frente social.

-No es la primera reforma jubilatoria regresiva que se produce en Francia.
-No. Es la novena desde 1982. Las centrales sindicales queremos volver a aquel año, cuando un trabajador o una trabajadora se podía jubilar con 60 años de edad y 37,5 de cotizaciones a la seguridad social.

Hoy lo pueden hacer con 62 y aportes por 42 años, y lo quieren llevar a 64 con aportes por 44.

Es una reforma profundamente injusta e injustificada, algo reconocido por las propias comisiones del parlamento que abordaron el tema el año pasado.

Pero el gobierno quiere aplicarla a toda costa, y cuando vio que no tenía las mayorías parlamentarias para aprobarla, recurrió a un artículo de la Constitución (el 49-3) que le permite adoptar una ley por decreto.

-Decías que se está en un momento histórico de la movilización social.
-Sí. Hace muchos años que no se veían movilizaciones tan potentes, tan masivas, en las que se cuestione que lo legal puede no ser legítimo. Esto es fundamental: es una victoria ideológica, un quiebre colectivo de una importancia histórica que hace muchas décadas no se veía.

-La respuesta del gobierno ha sido la represión, el desbocamiento del poder del Estado.
-La represión al movimiento social ha ido en crescendo en los últimos años. Con los chalecos amarillos alcanzó un punto altísimo: gente que perdió un ojo, una mano, cosas horrorosas.

Y luego ha seguido. Los cuerpos represivos están usando armamento militar. Y la violencia policial ha sido tan ampliamente probada que los propios informativos de la televisión no la pueden ocultar.

Otra cosa importante de las movilizaciones sociales de ahora es que están en consonancia con las luchas ecológicas. A fines de marzo hubo una enorme concentración contra la privatización del agua en una localidad de la provincia
de Poitou.

Hubo muchísima gente, y también muchísima represión. La policía lanzó en un par de horas unas 2.500 granadas de gases lacrimógenos, cientos de personas resultaron heridas y dos de ellas están todavía entre la vida y la muerte.

La Liga de los Derechos Humanos denunció al Ministerio del Interior por haber impedido la llegada de ambulancias para socorrer a los heridos, y el ministerio demandó a la Liga, en una deriva ultraderechista que muestra hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno.