“En las últimas semanas hemos sido noticia mundial, y no por algo bueno sino por la violencia y por el copamiento por los narcotraficantes de las estructuras del Estado”, destacó Luna.

“Es un panorama aterrador: los delincuentes que trafican con drogas y con armas controlan las fronteras, los barrios y hasta las cárceles, sus líderes se fugan de prisiones de alta seguridad, mientras la corrupción campea en el Estado, como lo han demostrado investigaciones que han destapado una olla de grillos” e implicado a gobernantes, legisladores, alcaldes.

Luna vive en Guayaquil, donde recientemente una pandilla de narcotraficantes copó un canal de televisión, interrumpió sus transmisiones para pasar mensajes intimidatorios y amenazó de muerte a sus periodistas.

La ciudad puerto se ha convertido en una de las más violentas en un país que pasó a ser a su vez uno de los más violentos de un continente violento como América Latina, con una tasa de 46,6 homicidios cada 100.000 habitantes en 2023, la más alta de la región.

En Nueva Prosperina, un barrio de Guayaquil, el índice de homicidios fue el año pasado de 114 por 100.000 habitantes, una demencia en un país no afectado por guerras.

Aunque sí: Noboa le declaró “la guerra” a los “grupos de delincuencia organizada”, y sacó al ejército a las calles para combatirla, imponiendo el toque de queda en algunas zonas del país.

“Para financiar esa guerra el gobierno ha tomado decisiones como aumentar el IVA, una medida que afecta sobre todo a las clases populares, mientras al mismo tiempo les quitó cargas impositivas a grandes grupos empresariales”, dijo Roberto.

Entre las empresas favorecidas figura el grupo bananero Noboa, propiedad del padre del presidente, Álvaro Noboa, “uno de los mayores contribuyentes a la deuda tributaria que tiene el país” y cuyas empresas han sido acusadas en numerosas oportunidades de explotación laboral y antisindicalismo.

Nada le ha concedido, en cambio, el gobierno a la clase trabajadora ni a los pequeños comerciantes. Al contrario, se aumentó el salario mínimo en una cifra irrisoria, apenas 10 dólares más al mes, pasando a 460 dólares, cuando la canasta básica está estimada en 760.

“Tengamos en cuenta, además, que los que más sufrimos las consecuencias de la operativa de los narcos, de los delincuentes de esta calaña, el horror cotidiano, somos las clases populares, en los barrios, en las calles, por el cierre de empresas que trae acarreada su acción, por el cierre de las escuelas”, subrayó Luna.

“Nunca hubiéramos imaginado que íbamos a vivir esta zozobra, y esperemos que la clase obrera ecuatoriana sea lo suficientemente fuerte como para impedir que el gobierno aproveche esta situación”, concluyó.