Se introdujeron denuncias por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negación de justicia, que sirvieron para pedir la recusación de quienes integran el tribunal.
El objetivo de la familia y el Copinh1 es evitar que jueces que han demostrado no ser imparciales conozcan del caso.
“El tribunal de sentencia ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas, demostrando una parcialidad constitutiva de delito por el encubrimiento del Ministerio Público (MP) en el ocultamiento de información y, por consiguiente, de la verdad”, se lee en una nota de prensa del Copinh.
A pesar de haber emitido cinco resoluciones judiciales para que el MP cumpliera con poner a disposición de las víctimas las evidencias y diligencias investigativas, los integrantes de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia mantuvieron una actitud permisiva ante el incumplimiento reiterado de dichas resoluciones.
“Estamos por iniciar el juicio y aún no tenemos toda la información del caso. Esto nos deja en absoluta desventaja.
Además hay toda una serie de decisiones del tribunal que son tendenciosas y limitativas del derecho de las víctimas”, dijo Víctor Fernández, miembro del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
En este sentido, la familia de Berta Cáceres y el Copinh solicitaron que estos jueces sean reemplazados por otros que garanticen el derecho al debido proceso, el principio de igualdad, así como las condiciones para que haya verdadera justicia.
“Un sistema de administración de justicia que emite resoluciones pero que no las hace cumplir, contribuyendo a generar indefensión, impunidad y falta de acceso a la justicia, no goza de la condición de imparcialidad e independencia que debe tener un tribunal”, agregó el abogado.
Aquí se configura una convergencia de distintos actores institucionales para proteger a la estructura criminal que ejecutó el crimen. Una estructura que estigmatizó y satanizó tanto a Berta como al Copinh.
“Antes del asesinato hubo una campaña sistemática, un entramado de actos que fue desarrollado por una estructura criminal en la que estaba involucrada la empresa DESA2.
Sin embargo, el tribunal ni siquiera aceptó citar a los propietarios de la empresa (familia Atala Zablah) para que vinieran a atestiguar”, explicó Fernández.
En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, centenares de miembros de comunidades indígenas y negras de Honduras acompañaban la espera con cantos, tambores, actos espirituales y artísticos.
Minutos antes, las mujeres habían protagonizado una masiva movilización, exigiendo justicia para Berta y castigo para los autores materiales e intelectuales del atroz asesinato.
“Quieren expulsarnos de nuestros territorios, quieren saquear los bienes de la naturaleza que les pertenecen a todos y todas, y no a una mafia que tiene secuestrado al país.
¡Basta ya! de tanta violencia, de tanta represión. Estamos aquí como mujeres exigiendo justicia para nuestra compañera Berta Cáceres.
Queremos saber quiénes la mandaron a matar. Queremos que nos digan quiénes son los autores intelectuales del crimen», manifestó Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Finalmente, el tribunal suspendió la audiencia hasta tanto sus superiores jerárquicos no resuelvan sobre la recusación.
En Tegucigalpa, Giorgio Trucchi | Rel-UITA
1 Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
2 Desarrollos Energéticos SA, propietaria de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca