Como informara La Rel, el 20 de junio se produjo la instalación del proceso de negociación en Medellín.

La Regional Latinoamericana de la UITA abogó desde el comienzo por la defensa de un modelo de buenas prácticas que destaca en el escenario nefasto de la agroindustria bananera mundial caracterizada por bajos salarios, mano de obra tercerizada, persecución antisindical y la prevalencia de empleo sin derechos.

Para comprender la relevancia de los resultados alcanzados en la convención colectiva, no debemos soslayar los profundos problemas estructurales del mercado laboral colombiano y su marcado déficit de trabajo decente. Tasas de desempleo persistentemente altas se acoplan en el país a una informalidad que desborda con creces las regulaciones laborales.

El convenio colectivo suscripto el 11 de julio −único en el país por rama de actividad− vincula a 20 mil trabajadores de unas 60 empresas y 265 fincas con un plazo de vigencia de cuatro años (del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2027).

Más allá de los acuerdos económicos, a los que haremos mención en próximas entregas, queremos referirnos a la declaración conjunta de Augura y Sintrainagro sobre el modelo de relaciones e ingreso digno.

Allí se establece que “el modelo de relaciones laborales construido a lo largo de más de tres décadas ha merecido el reconocimiento nacional e internacional como uno de los casos más sobresalientes de mejoramiento de relaciones y condiciones laborales en Colombia”. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo reconoce.

En el capítulo sobre acuerdos en aspectos normativos, de seguridad social y generales, la declaración señala que los avances alcanzados se deben “al libre ejercicio de los derechos de asociación, filiación política […] negociación colectiva y huelga” […]

Lo anterior adquiere un significado político más que importante en el actual contexto del sindicalismo regional.

Según el Índice Global de Derechos (CSI, 2023), en 76 por ciento de los países de las Américas se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva, en 88 por ciento se ha impedido el registro de sindicatos y en 72 por ciento se excluye a trabajadores del derecho a establecer o afiliarse a un sindicato.

Foto: Gerardo Iglesias

Recientemente, la OIT, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y CARE Internacional formalizaron una alianza multilateral con el propósito de “promover los derechos laborales y humanos, el empleo decente y unos ingresos y salarios justos y adecuados en el sector agroalimentario”.

En un comunicado de prensa del 20 de julio los tres organismos destacaron “que las recientes crisis han puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas alimentarios y han puesto de relieve los graves problemas laborales y de empleo a los que se enfrentan los trabajadores y las empresas del sector agroalimentario”.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con la promoción del “empleo decente y productivo en todos los sistemas alimentarios. Sus prioridades se basan en los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT: derechos en el trabajo, empleo pleno y productivo, protección social y diálogo social”.

A 11 días de la firma del convenio colectivo en Medellín, desde Ginebra (Suiza) las tres instituciones notificaron que “los empleos agroalimentarios figuran entre los más peligrosos, desprotegidos y mal pagados. Dos tercios de los trabajadores clasificados como ‘extremadamente pobres’ trabajan en la agricultura”.

Sintrainagro y Augura subrayan por su lado su “reciproco entendimiento respecto a que el conjunto de beneficios convencionales y legales satisfacen sectorialmente los estándares de trabajo decente y salario o ingreso digno…”.

Cabe recordar que en el sector rural colombiano la informalidad abarca a un 84,2 por ciento de los trabajadores.

En Urabá el banano lo es todo. Unas 100.000 personas dependen directa o indirectamente del cultivo de la fruta. Llegar a un acuerdo, firmar una nueva convención, se traduce en una catarsis social, un alivio colectivo para toda la región.

El nuevo convenio colectivo desmiente a su vez a quienes ven con malos ojos la existencia de organizaciones sindicales fuertes y fustigan la negociación por rama o de industria.
En momentos en que desde las Naciones Unidas se pretende contribuir a la disminución de la pobreza rural por medio del trabajo decente, es menester consultar a los actores que en Urabá supieron construir una cultura de concertación social que enfrentó la crisis de la violencia de los 90, para dar atención luego a la problemática social de la región.