“En mi área de actuación, Rio Grande do Sul, tenemos 32 frigoríficos con casos confirmados de Covid-19 y más de 5.000 trabajadores y trabajadoras contaminados, y además cinco muertes directas de trabajadores y 12 de parientes cercanos a estos”, dijo.
Según señaló, la última notificación de muerte por Covid-19 se dio con un trabajador de JBS de Tres Passos el martes 23.
-Hay denuncias de que trabajadores positivos con el nuevo coronavirus siguen en las líneas de producción ¿Qué sabes de eso?
-Hubo un caso en la unidad de JBS de Itapumirm, donde un auditor fiscal del trabajo constató que un funcionario que había dado positivo siguió trabajando por tres días en la planta.
No sabría decirles si hay otros casos.
-¿Qué puedes informar sobre el brote en Paraná, que también está vinculado con la industria frigorífica?
-De hecho, se ha dado un contagio masivo. No solo en el oeste de Paraná, sino también en Rio Grande do Sul, el oeste de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás y Rondônia, donde los brotes están directamente vinculados a la industria de procesamiento de carne.
En el caso de Paraná se trata de una avícola, Avenorte, que es propiedad del intendente de Cianorte. El MPT inició una acción civil pública que motivó la clausura de la empresa. Ayer 25 se realizó una audiencia y se llegó a un acuerdo con su capacidad reducida.
-El MPT es el único organismo del Estado que se mantiene en defensa de los trabajadores del sector en medio de esta crisis sanitaria…
-Sí, tal vez sea porque somos autónomos, no nos remitimos al Ejecutivo y en virtud de eso hemos actuado de forma enérgica porque el impacto social y sobre la salud pública que deriva de no tomar medidas preventivas es enorme.
Cito como ejemplo el caso del municipio de Trindade, en Rio Grande do Sul, donde el 68 por ciento de los contagiados por coronavirus son trabajadores y trabajadoras del frigorífico de JBS o parientes de estos.
Si se analiza el mapa del avance de la pandemia, se puede ver claramente que acompaña los lugares donde se desarrolla la actividad de la industria frigorífica y esto se da en todo el país.
-¿Cómo evalúas la ordenanza interministerial sobre las normas para el sector durante la pandemia?
-Es una ordenanza que salió el 18 de junio y partió de tres ministerios, Salud, Economía y Agricultura. El MPT fue consultado y dio su parecer sobre los puntos que deberían estar contemplados para la prevención del sector. Pero ninguna de esas propuestas fue tenida en cuenta y la rechazamos.
Si se la compara con la anterior, esta norma presenta algunos avances, pero si se lo hace con los acuerdos ya firmados y con las normas técnicas dispuestas para el control y prevención de la pandemia es un retroceso total.
Si estuviéramos en marzo, al comienzo de la pandemia, una norma así podría haber sido aceptada, pero ahora, en pleno auge del contagio, no tiene sentido porque lo que dicta ya fue aplicado y no está funcionando.
Entre las cosas que no contempla la ordenanza está el no exigir a las empresas que realicen el test a todos los trabajadores como condición para reanudar las actividades en el sector o en el establecimiento, algo por demás necesario.
-Desde tu lugar de actuación, ¿cómo vislumbras el futuro de este sector en el corto plazo?
-Hay diversas empresas que se vienen ajustando a las normas sanitarias, invirtiendo seriamente en prevención y protección de sus trabajadores y trabajadoras, pero otras no están haciendo nada en serio, y son ellas las responsables de la situación actual y futura del sector.
Son problemas que no se limitan a lo sanitario sino que se extienden a la industria en su conjunto, como ya viene sucediendo con el bloqueo de los productos cárnicos brasileños para exportación por parte de China, por ejemplo.
Serán los propios empresarios del sector quienes tendrán que presionar a sus pares que no están cumpliendo con la normativa a que lo hagan para que el mercado no se les ponga en contra y sea afectado todo el sector. Quizá de esa forma reaccionen.
-¿Cuáles son las empresas que no realizan la inversión en prevención? ¿Son las más chicas?
-No, por el contrario, las pequeñas son las primeras en tomar medidas. Las que se creen que no deben hacerlo son los grandes grupos como JBS, una compañía con la que no hemos podido negociar nada porque sencillamente se niega a hacerlo.
En Montevideo, Amalia Antúnez
