Imagen: Allan McDonald | Rel UITALos cargamentos fueron interceptados en dos operativos llevados a cabo en las ciudades de Livramento y Candiota, en el estado de Rio Grande do Sul, cerca de la frontera con Uruguay, de donde provenían, según declaró uno de los detenidos.
Brasil es uno de los líderes mundiales en consumo de agrotóxicos, fundamentalmente desde la introducción de cultivos transgénicos a gran escala, un proceso que comenzó a comienzos de los años 2000.
Entre 2010 y 2020, el empleo de esos productos, sobre todo de glifosato, aumentó en 190 por ciento.
La particularidad del gobierno de Bolsonaro es que ha liberado la importación y el empleo de una enormidad de plaguicidas y herbicidas que no estaban autorizados en el país, muchos de ellos prohibidos en Estados Unidos y Europa por su alta toxicidad en humanos, fauna y medio ambiente.
Hasta fines de 2020, la administración del ex militar ultraderechista llevaba liberados unos 945 agrotóxicos para beneficio de las transnacionales que los producen, que han ganado miles de millones de dólares. Solo en sus primeros cuatro meses de gestión había autorizado unos 150.
A esta situación hay que sumarle lo sucedido en el estado de Rio Grande do Sul, donde la Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto de Ley 260/202, que actúa en detrimento de la Ley de Agrotóxicos aprobada en diciembre de 1982, considerada marco legal pionero y en favor del ambiente y la salud pública en Brasil.
El lobby del agronegocio encontró un aliado en el gobernador Eduardo Leite. Con la aprobación de la reforma, se eliminó una disposición según la cual agrotóxicos prohibidos en sus países de origen no podían ingresar a Rio Grande do Sul.
“Vamos a transformar a Rio Grande do Sul en un gran depósito de basura tóxica, de productos que están prohibidos en Europa y los Estados Unidos”, alertó Luciana Genro, diputada estadual por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
Según la organización Amigos de la Tierra, Brasil es el segundo mayor comprador del mundo de agrotóxicos prohibidos en Europa.
