Nadie cree en Argentina que Milei pueda aplicar sus planes de dolarizar por completo la economía, liquidar el Banco Central, terminar con todo subsidio a los más pobres, despedir a cientos de miles de funcionarios públicos de un plumazo, suprimir instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, legalizar la venta de órganos…

Aun quienes simpatizan con su credo “libertario” admiten que algunas de esas ideas serían técnicamente impracticables y otras muy difíciles de llevar a cabo sin provocar un baño de sangre o simplemente porque La Libertad Avanza, el partido del economista ultraliberal, no contará, al menos por mucho tiempo, con las mayorías parlamentarias necesarias para aprobarlas.

Otras sí son de relativamente fácil concreción: por ejemplo, la de dejar sin castigo alguno a los empresarios que contaminen cursos de agua con agrotóxicos.

Tal vez su enunciación sea demasiado bestial (“las empresas deberían poder hacer lo que quieran”, dijo por estos días el candidato) y demasiado políticamente incorrecta para los tiempos que corren, cuando hasta los organismos internacionales o las empresas más depredadoras se ven obligados a pintarse de verde, pero no estaría innovando demasiado respecto a la realidad actual.

Lo de Villarruel va por este sendero. Con un punto a favor: no le costará demasiado reunir consensos.

Abogada de formación, la candidata a vicepresidenta de Milei irrumpió en la vida política argentina a comienzos de los años 2000 integrando asociaciones que promovían la impunidad de militares y civiles acusados de delitos de lesa humanidad bajo la dictadura.

Integró, por ejemplo, grupos como la Asociación Argentina por la Memoria Completa o Jóvenes por la Verdad, en los que se codeó con militares genocidas y algunos de sus familiares.

En 2006, cuando se reabrieron los juicios a los responsables de la represión, se puso al frente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, promovido por la Asociación Unidad Argentina, animada por militares y ex agentes de inteligencia.

Desde esos grupos organizaba visitas a militares condenados por asesinatos, desapariciones y torturas, entre ellos el ex dictador Jorge Rafael Videla.

“Acá hubo una guerra en la que lamentablemente murió gente de ambos bandos. El terrorismo de Estado es un invento. Terrorismo fue el practicado por los grupos armados de izquierda, muchos de cuyos militantes eran hijos de esas supuestas madres y abuelitas buenas que crearon organismos como Abuelas de Plaza de Mayo o Madres de Plaza de Mayo”, dijo en aquellos años.

Lo continúa diciendo. Esta semana volvió a insistir con ese discurso en un acto que organizó en la Legislatura de Buenos Aires (es diputada por la capital desde 2017) en el que reclamó la liberación de todos los genocidas condenados, a los que llama “presos políticos”. De ganar Milei la presidencia, dijo, se asegurará de que así sea.

El acto fue avalado por el gobierno de la capital, a cargo de la coalición de derecha Juntos por el Cambio, y respaldado en especial por Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación bajo la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

El negacionismo de los crímenes de lesa humanidad está ganando nueva legitimidad de la mano del ascenso de las derechas, denunciaron esta semana representantes de distintas asociaciones de defensa de los derechos humanos que repudiaron el acto conducido por Villarruel.

Las Abuelas de Plaza de Mayo llamaron a “no perder la memoria” y a “no permitir que el olvido y los discursos que banalizan los crímenes de Estado se amplifiquen”.

“Si no lo impedimos”, agregaron, “el retroceso será muy severo, en todos los planos”.