En Brasil, los casos de ese tipo crecieron exponencialmente entre 2020 y 2022, según datos que divulgó este mes de marzo el Ministerio de Trabajo.

Se trata de cifras notoriamente subestimadas porque están basadas en los “rescates” de trabajadores sometidos a condiciones indecentes.

De acuerdo a los datos ministeriales, solo en los viñedos del estado de Rio Grande do Sul, los casos de trabajo análogo a la esclavitud crecieron 174 por ciento en ese período que coincide con la presidencia de Jair Bolsonaro.

En 2020, las autoridades rescataron a 938 personas. Dos años después fueron 2.575, el mayor número en una década.

Desde 1995, casi 60.000 personas en condiciones de esclavitud han sido rescatadas. La mayoría trabajaban en el campo, pero también había numerosas empleadas domésticas. Y hay entre los esclavizados muchos inmigrantes, provenientes del propio Brasil o del exterior (paraguayos, argentinos, haitianos)

Un caso que llamó la atención fue el del municipio de Bento Gonçalves, donde se halló a más de 200 personas en condiciones homologables a la esclavitud que trabajaban en la zafra de la uva. Casi todas provenían del estado de Bahía, uno de los más pobres del país.

Vivían hacinados en barracones, laboraban más de 12 horas por día, les daban comida podrida y los obligaban a comprar víveres en almacenes de las empresas. La paga que recibían, unos 3.000 reales (570 dólares) al mes, obviamente no les alcanzaba para nada y terminaban “endeudados” con sus empleadores.

Una de las empresas, la bodega Salton, había conocido ganancias récord en 2022, 500 millones de reales (94 millones de dólares), 10 por ciento más que el año anterior.

Italvar Medina, subcoordinador nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo y Enfrentamiento al Tráfico de Personas del Ministerio Público del Trabajo (MPT), dice que la ausencia de una reforma agraria, el aumento de la desforestación ilegal y de actividades la minería clandestina son factores que pueden explicar el auge del fenómeno.

Y también las políticas públicas que fomentan esas prácticas como las implementadas bajo la presidencia de Bolsonaro, dice Ludmilla Paiva, otra funcionaria del MPT.

“Cuando un jefe de Estado desprecia el sistema de garantías de derechos humanos y laborales, alienta a los empresarios a hacerlo”, afirma.

El presidente ultraderechista brasileño suprimió el Ministerio de Trabajo, promovió una ley que fomentaba las tercerizaciones, atacó frontalmente a las organizaciones de trabajadores e hizo la vista gorda, cuando no fue directamente cómplice, en casos de violencia (incluso de asesinatos) de sindicalistas, defensores de los derechos humanos, militantes ambientalistas.

Esos marcos favorecen directamente extremos como el trabajo esclavo, destaca Paiva.

Lo mismo vale para países centroamericanos donde la connivencia entre el gran empresariado y el poder político está muy bien aceitada. El caso de la zafra azucarera en Costa Rica, ha sido profusamente denunciado por La Rel.

Pero hay también casos de trabajo análogo a la esclavitud en Uruguay (en los viñedos por ejemplo), en México (en la cosecha de la sandía). En todas partes.

En Ecuador, en 2019 quedó al descubierto una trama de trata de cientos de inmigrantes afroecuatorianos que fueron obligados a trabajar por décadas en la tabacalera de capital japonés Furukawa Plantaciones.

El trabajo esclavo está en efecto íntimamente ligado a la trata, que involucra sobre todo a poblaciones vulneradas (migrantes, indígenas, mujeres pobres) de países del sur global.

Según el último Índice Global de Esclavitud, una iniciativa conjunta de la Fundación Minderoo y la Organización Internacional del Trabajo, había en 2018 en América Latina casi dos millones de personas víctimas de situaciones análogas a la esclavitud −de “esclavitud moderna”, según el documento−.

La cifra real debe ser mucho más grande, apunta el propio documento, por la carencia de datos más o menos precisos de numerosos países de la región.

“El término esclavitud moderna incluye situaciones en las que a una persona se le priva −mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño− de su libertad para controlar su cuerpo, elegir o rechazar un empleo, o dejar de trabajar”, recuerda el sitio Desinformémonos.

Por lo general, los hombres víctimas de “esclavitud moderna” son forzados a trabajar en la agricultura, talleres clandestinos, fábricas, a las mujeres se las destina a la prostitución, el servicio doméstico, las textiles y a los niños al comercio sexual, la mendicidad, la minería, el trabajo agrícola.

El trabajo esclavo, subrayó el investigador brasileño Joao Filho en una nota publicada este mes en la revista The Intercept, “es un problema inherente al sistema de producción capitalista”.

Contrariamente a lo que se dice, recordó, “la esclavitud no terminó con la llegada del capitalismo. Sólo adoptó nuevas formas con el paso del tiempo”.

“Las personas en situaciones vulnerables, como la pobreza extrema y la inmigración ilegal, aceptan cualquier condición de trabajo para no morir de hambre. Los capitalistas se aprovechan de esta situación creada por el propio capitalismo para reducir el coste de su mano de obra y aumentar sus beneficios”.

Más claro, échale agua.