El año pasado, dice el documento, titulado “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, 212 defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados en el planeta. En 2018 habían sido 164.
Siete de los diez países con más homicidios de este tipo en 2019 fueron latinoamericanos. De mayor a menor: Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.
Sobresale Colombia que junto a Filipinas concentran más de la mitad de los homicidios documentados (107 de los 212: 64 el país sudamericano, 43 el asiático). Y entre los cinco países con mayor número de asesinados per cápita destaca Honduras.
“Industrias como minería, agronegocios o la explotación de madera están entrando cada vez más a nuevos territorios, en los cuales vemos que las empresas están haciendo acuerdos con políticos corruptos para imponer proyectos”, comentó Ben Leather, principal referente de Global Witness.
En todos lados es igual: las empresas “hacen los que les da la gana”, dice Leather, y los gobiernos no sólo les abonan el terreno sino que alientan políticas depredadoras (del suelo, la tierra, el subsuelo, el agua), cuando no son cómplices directos de los ataques, a través de cuerpos represivos, a menudo corrupción mediante: al menos 37 de los homicidios fueron perpetrados por agentes estatales.
“También se sospecha de la participación de actores privados como sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privados”, apunta el informe.
Las empresas que están detrás de esos casos, como el conjunto de las empresas, mal que les pese a los liberales, no tienden a autoregularse. Si no se les impone controles, límites, y eso se hace a través de leyes y de fiscalizaciones de esas leyes, tienden a ocupar los vacíos en su propio beneficio.
Francia Márquez, defensora ambiental colombiana que en 2018 ganó el Premio Ambiental Goldman, dice que los gobiernos de su país –este, el anterior, el anterior – promueven la expansión de la minería en tierras que en principio están protegidas y donde no podrían operar, habitadas por pueblos afrocolombianos e indígenas.
Ni que hablar de Brasil, cuyo presidente Jair Bolsonaro incita un día sí y otro también a la colonización de la Amazonia, dejando librados a sí mismos –es decir a un destino de desplazamiento o muerte– a las comunidades nativas.
La mayor parte de los ataques registrados en todo el mundo el año pasado (alrededor del 40 por ciento) tuvieron como blanco a indígenas.
El 90 por ciento de los 42 defensores de la tierra y del ambiente asesinados en 2019 en Brasil pertenecían a comunidades nativas y los mataron por enfrentarse a madereros y mineros ilegales.
En Honduras los garífunas se han llevado la peor parte: 20 de los integrantes de esa comunidad fueron exterminados en 2019.
“El 36 por ciento del territorio de Honduras ha sido concesionado a empresas —algunas pertenecientes a políticos locales— y a compañías de capital extranjero para el desarrollo de minas, hidroeléctricas, proyectos fotovoltaicos y desarrollos turísticos”, dijo Hedme Castro, coordinadora de la Asociación para la Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), a la publicación mongabay.com.
Ello ha provocado “desplazamientos forzados, así como agresiones y represión contra comunidades y defensores ambientales”, agregó.
A los indígenas y a quienes los defienden, denuncia a su vez Márquez, víctima ella misma de un ataque a balazos que casi le cuesta la vida, “nos tratan de asesinar porque ponemos obstáculos a un proyecto que es también político”.
La pandemia de Covid-19 dio al tema una relevancia particular.
Los defensores ambientales “también son nuestros aliados para prevenir otra pandemia como porque ahora ya sabemos que se aumentan las probabilidades de tener otras pandemias si aumenta la deforestación y se afecta la naturaleza”, dijo Leather, según consignó mongabay.
Los ataques han persistido e incluso se han acrecentado en estos últimos meses.
Brasil, Colombia, Honduras y México fueron escenario de asesinatos de defensores ambientales desde que se inició la pandemia y las empresas “han ampliado sus ataques” y aumentado la presión sobre los nuevos territorios a colonizar y depredar, denunció Ben Lather.
En Colombia, afirmó Márquez, “se plantea utilizar el fracking, la explotación petrolera y minera para sacar al país de la crisis generada por el Covid-19. Eso, implica seguir convirtiendo nuestros territorios en cementerios”.
“Así como la ‘política de la muerte’ se articula en un sistema global, nosotros tenemos que articular acciones de resistencia a favor de la vida. Salvar nuestra casa grande es la responsabilidad colectiva que hoy tenemos como humanidad”, concluyó la activista colombiana.